Herramienta tecnológica, de carácter público, para garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés general, considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
Las regulaciones que generen costo de cumplimiento deberán de someterse a un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR ex post) cada cinco años después de haberse publicado, con el objetivo de evaluar los efectos de su aplicación y permitir que los sujetos obligados determinen la pertinencia de su abrogación, modificación o permanencia, para alcanzar sus objetivos originales y atender a la problemática vigente.